Un encarte de ocho páginas en Clarín, el diario
argentino de mayor circulación, reclamaba el martes el derecho a votar de los
ciudadanos desaparecidos. Al mínimo cuerpo legible, el encarte, sufragado por
las organizaciones defensoras de los derechos humanos, reproducía los datos de
empadronamiento de miles de personas junto a la fecha de su desaparición.
Asimismo se insertaban los datos de extranjeros desaparecidos que hubieran
tenido derecho a la elección de autoridades municipales, de adolescentes que
habrían alcanzado la edad del voto y de 124 niños desaparecidos cuando contaban
menos de cuatro años.
Un alegato
estremecedor que viene a recordar el gran problema de la posdictadura argentina
y que está siendo cuidadosamente eludido en la campaña electoral excepto por
los minúsculos partidos de la izquierda revolucionaria. Los candidatos
peronistas no aluden para nada al problema de los desaparecidos, y Alfonsín,
aspirante a la Presidencia por la Unión Cívica Radical, engloba el drama de las
responsabilidades generalizadas que habrá que exigir a los militares por su
gestión: deuda externa, Malvinas, corrupción, etcétera.
El caso es
que decenas de millares de argentinos que acuden a comprobar sus apellidos en
los censos, electorales advierten con estupor la aparición en ellos de los
datos de familiares desaparecidos hace siete años, dados oficialmente por
muertos por la actual Junta Militar, pero que el caos administrativo no ha
sabido borrar del listado de votantes.Mañana será levantado el estado de sitio
que rige en el país desde marzo de 1976, aunque la Junta Militar no ha decidido
si lo reimplantairá pasados los comicios y hasta su entrega del poder. 48 horas
antes de la elección, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal quedarán
acuarteladas en cumplimiento de dos operativos (mínimo y máximo) para
garantizar los comicios. De las elecciones se ha responsabilizado el triunviro
teniente general Nicolaides, comandante en jefe del Ejército de Tierra,
asistido por el teniente general Trimarco al frente del primer cuerpo del
Ejército del país, acantonado en Campo de Mayo. Se suspenderán los encuentros
de fútbol y el domingo no se expenderán bebidas alcohólicas hasta las ocho de
la tarde. El sábado, el presidente, general de división Reynaldo Bignone, se
dirigirá al país en lo que será una más -y acaso la última- de sus conocidas
admoniciones exigiendo calma y sensatez. El presidente electo será investido
entre el 15 y el 20 de diciembre, según los cálculos militares, que han
intentado reducir al máximo el interregno entre las elecciones y la jura del
nuevo mandatario civil. Éste es otro de los problemas jurídico-formales irresueltos:
quién rinde el poder. Ahora la máxima autoridad institucional argentina no es
el presidente Bignone, sino la Junta Militar, y no hay candidato que quiera
iniciar su mandato recibiendo el traspaso de poderes de los triunviros
Nicolaides, Franco y Hughes.
Sea como
fuere, ha podido confirmarse, pese a los insistentes desmentidos de los
protagonistas, una reunión de 45 minutos, hace menos de 20 días, entre los
candidatos a la Presidencia peronista y radical, en un piso porteño. En la
reunión, celebrada sin testigos, se habría sellado un acuerdo sobre los
primeros nombramientos entre las Fuerzas Armadas por el poder civil y un pacto
de caballeros para otorgar al ganador de las elecciones una trepa política y
sindical de 120 días.
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