Un tufo de descomposición social está marcando
las últimas semanas de la dictadura argentina. La Junta Militar se reunió el
pasado jueves, en, un intento infructuoso de unificar criterios respecto a la
negociación de la deuda externa de las empresas públicas. La renegociación de
los 7.000 millones de dólares que deben en el exterior las empresas estatales
argentinas comenzaba con la renegociación-piloto de Aerolíneas Argentinas. Un
juez federal, Federico Pinto Kramer, ha ordenado paralizar las negociaciones,
ante lo que considera, a denuncia de parte, cláusulas lesivas para los
intereses del país, entre ellas la de remitir cualquier diferendo sobre la
deuda a los tribunales estadounidenses.
El Ejército
y la Armada respaldan al ministro de Economía y al presidente del Banco
Central, que se encuentran negociando en Nueva York; la Fuerza Aérea pretende
elevar el contrato de Aerolíneas a la fiscalía nacional de investigaciones
administrativas. El caso es que el Gobierno no ha tenido otra opción que la de
acatar la decisión del juez Kramer -que se supone inspirado. por un sector del
arma aérea-, paralizando la renegociación de la deuda pública.El subsecretario
de Economía ha manifestado que "el hecho de que el país comience a dejar
caer los vencimientos, sin pagarlos, permite suponer que Argentina se encuentra
en suspensión de pagos
Mejoras salariales
Las dos CGT
han trasladado al martes su convocatoria de huelga general, para permitir que
-primer día hábil de octubre- los obreros puedan devengar sus salarios. Y ayer,
a sólo tres días de esta huelga, los sindicatos peronistas han paralizado el
transporte público de superficie del gran Buenos Aires, en reclamo de mejoras
salariales. Huelga salvaje y aparentemente inexplicable, que, curiosamente,
coincide con la presentación electoral del radicalismo en un mitin multitudinario
del candidato presidencial Raúl Alfonsín, en un estadio de fútbol suburbano. El
Partido Radical ha tenido que hacer un urgente llamamiento a sus simpatizantes
para que pongan sus vehículos particulares al servicio de la
concurrencia.Mientras continúa la división judicial entre jueces que aplican la
ley de autoamnistía y una mayoría que la desobecede abiertamente, cerca de
10.000 personas de todo el abanico" político marcharon el jueves desde el
centro de la capital hasta la Casa Rosada, para exigir información sobre Rubén
Álvarez, un dirigente salteño del Partido Intransigente y candidato a diputado
provincial, desaparecido el pasado día 18 en circunstancias que hacen temer su
secuestro por bandas paramilitares.
En las
escalinatas interiores de la Casa Rosada se escuchó un diálogo que retrata el
clima porteño de estos días convulsos: "los de las organizaciones de
derechos humanos, que esperen afuera; que sólo pasen los dirigentes del Partido
Intransigente".
'Clima' porteño
El coronel
Tepedido, jefe de Seguridad del Ministerio del Interior, informa a los
delegados partidarios: "Hacemos todo lo que podemos, queremos resolver
esta cuestión. Estamos en la cuerda floja, nos llaman de todos lados. Hace poco
no más recibimos un reclamo telefónico de Ginebra. Nos tiene que dar una
respuesta. Tenemos 10.000 personas en la calle. Ya veo que los ánimos están
caldeados". (Afuera se escucha: "¡Milicos,-milicos/ malparidos/ que
digan lo que han hecho/ con los desaparecidos!"). Mañana informaremos
sobre el resultados de las investigaciones".Una fiscal federal ha
solicitado cinco años de prisión por ocultación de pruebas para el almirante
Massera, triunviro en el golpe de Estado de 1976. A Massera se le sigue proceso
por la desaparición del empresario Fernando Branca, esposo de Marta Rodríguez
McCormac, amante del marino. La petición fiscal impide que el almirante logre
la libertad provisional hasta la vista de su juicio. La fiscal solicita también
para Marta McCormac dos años de cárcel, por falsos testimonios.
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